El presente informe tiene como objetivo analizar la situación de la población migrante y refugiada venezolana y de las comunidades de acogida en Ecuador, para la identificación de políticas públicas. El estudio responde a una solicitud recibida por el Gobierno de Ecuador para contar con información que facilite la toma de decisiones que permitan cumplir el deber constitucional de garantizar la movilidad humana y los servicios de salud y educación. De esta manera, el reporte es exhaustivo en las dimensiones para las que se contaba información: mercado laboral, servicios de migración, educación, salud y protección social. Cabe destacar que, a pesar de que la información recopilada por la encuesta a hogares, grupos focales y registros administrativos llega hasta mediados del 2019, los hallazgos hacen referencia fundamentalmente a problemas estructurales que enfrentan grupos de población vulnerable que pueden exacerbarse dada la crisis actual.