Para Judith Albacura, acceder a un préstamo siempre había sido una misión casi imposible. Los bancos le solicitaban muchos documentos, y a esta mujer indígena de los Andes ecuatorianos, se le complicaba mucho reunir todos los papeles.
Pero gracias una caja de ahorros fundada por un venezolano, Judith - una emprendedora de 56 años, originaria de Cayambe, un municipio situado al norte de la capital ecuatoriana, Quito – finalmente ha podido conseguir un microcrédito. Los 500 dólares que recibió en diciembre de 2021 le han cambiado la vida.

“Hace mucho tiempo que yo no podía tener un crédito porque piden muchos papeles en los bancos”, dice Judith, quien recibió el préstamo de El Cayambeño, la caja de ahorros de vocación comunitaria, y ya lo ha pagado de vuelta.

“Ahora estoy trabajando gracias a esta cocinita que compré y puedo pagar los estudios de mi hija”, añade la mujer kichwa mientras se sirve de la cocinita para preparar las empanadas tradicionales que vende en la puerta de su casa.

Judith es una de las aproximadamente 150 personas que han mejorado su inclusión económica y financiera gracias a El Cayambeño, la caja creada por Henry Chico. Él llegó a Ecuador en 2013 tras salir de Venezuela debido a la inseguridad y escasez generalizadas. Se estableció en Cayambe y pronto se dio cuenta de lo difícil que era para muchas personas, tanto refugiadas y migrantes como locales, acceder a los beneficios del sistema financiero. Fue así como, a mediados de 2020, decidió crear la caja de ahorros junto a un pequeño grupo de socios, la mayoría venezolanos como él. Para conseguir el capital inicial que necesitaban, cada uno de los 6 socios puso 300 dólares de su bolsillo. Para poner su parte, Henry tuvo que vender su camioneta y colocó el dinero recaudado como garantía para la sostenibilidad de la caja.

“Después de casi dos años, hemos entregado unos 90.000 dólares en microcréditos, la mayoría entre 200 y 500 dólares, y hemos visto que este proyecto ha podido impulsar a muchas familias”, explica Henry, de 41 años, quien trabajaba como transportista y soldador en su Venezuela natal. “El 65% de nuestros socios son personas en movilidad humana, sobre todo venezolanos y colombianos, y un 35% pertenece a la comunidad de acogida”, dice, agregando que las personas refugiadas y migrantes suelen encontrar más barreras para acceder a créditos, especialmente si no cuentan con un estatus legal.

Nacido en Venezuela de padres ecuatorianos, Henry regresó a la tierra de sus antepasados junto a su esposa y dos de sus hijos. A pesar de sus vínculos familiares con el país andino, tuvo que pasar por el complejo trance de vivir en la irregularidad durante unos meses, hasta que pudo obtener la nacionalidad ecuatoriana.

Actualmente, el 62% de las más de 500.000 personas venezolanas que se encuentran en Ecuador continúan viviendo en condición irregular, lo que dificulta su inclusión en el país que las ha acogido, incluyendo el acceso a servicios financieros. Según un estudio realizado en 2020 por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) en Quito y Guayaquil, apenas un 3,5% de esta población refugiada y migrante había podido obtener un crédito. Entre las principales causas que afectan a la inclusión financiera de las personas forzadas a huir, además de la falta de documentación legal, estaba la dificultad para encontrar información sobre el funcionamiento del sistema bancario y la carencia de un historial crediticio.

También existe la percepción de que las personas refugiadas tienen mayor tasa de morosidad, lo que genera reticencias en muchas entidades bancarias para entregarles préstamos. Sin embargo, las experiencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU), en Ecuador, y de la organización financiera sin ánimo de lucro Kiva, que trabaja a nivel global, muestran que la tasa de reembolso de los créditos a refugiados es equivalente a la del resto de personas.

En lo que respecta a los clientes de Henry, muchos han pasado por este tipo de situaciones.

“La condición irregular le genera a uno una posición de inestabilidad social y laboral”, él subraya. “La mayoría de los socios y socias de la caja de ahorros son comerciantes informales que en muchos casos no tienen documentos en el país. Si no fuera por nosotros, tendrían casi cero posibilidades de acceder a un crédito”.

Uno de esos socios es Luis, un colombiano de 51 años que recorre las calles de Cayambe vendiendo arepas de choclo, un plato típico de su tierra. Bajo su colorida sombrilla, el hombre empuja un carrito metálico, en el que cocina y mantiene calientes las arepas. Luis compró su carrito gracias a los dos préstamos que recibió en 2021, por un valor total de 600 dólares.

“Siempre trato de ahorrar, pero el crédito me ayudó a surtir y vender las arepas. Y esos ingresos ahora me sirven para sostener a mi familia”, cuenta este vendedor ambulante que salió de joven a Venezuela y hace cuatro años no vio más opción que irse a Ecuador. “Quiero seguir creciendo y expandir mi negocio a Quito”.

Una ambición similar por ampliar su emprendimiento y contribuir al desarrollo económico local es la que muestra Eduardo Realza, venezolano de 52 años que vive en Tabacundo, a pocos kilómetros de Cayambe. Él también comenzó vendiendo en la calle, en su caso juguetes, pero ahora ha conseguido alquilar un local y poner una tienda donde oferta desde bisutería hasta cosméticos, pasando por ropa y artículos electrónicos. Los 500 dólares que recibió de El Cayambeño fueron claves para poder establecer su negocio.

“Con los primeros fondos empezamos a vender en la calle y así logramos ahorrar un poco más, poco a poco”, narra Eduardo, que acaba de solicitar un nuevo préstamo a la caja de ahorros. No obstante, este emprendedor aspira a más. “Me gustaría seguir creciendo, pero necesitamos más apoyo. Ningún banco nos ha dado un crédito por no estar regularizados. Con un crédito más grande podríamos tener un negocio mayor y emplear a más personas”, expone este hombre que vive junto a su hija, su yerno y sus dos nietos.

Casos como el de Henry, Luis y Eduardo muestran cómo la regularización de las personas refugiadas y migrantes puede ayudar no sólo a facilitar su inclusión, sino a dinamizar la economía local y generar empleo para la población de acogida. Ecuador es uno de los países que ha reconocido la condición de refugiado a más personas en América Latina, en su mayoría colombianas, y el tercero que acoge a más personas refugiadas y migrantes de Venezuela.

“Las personas en situación de movilidad humana tienen un gran potencial, llegan con múltiples conocimientos y habilidades que aportan al desarrollo de las sociedades que los reciben”, dice Giovanni Bassu, Representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Ecuador. “Ejemplos como la caja de ahorros El Cayambeño muestran cómo estas personas no sólo tienen grandes ideas, sino también la capacidad y determinación para hacer de Ecuador un país mejor tanto para los refugiados como para los ecuatorianos”.

En la pequeña oficina que sirve como sede de la caja de ahorros, Henry hojea los expedientes de los socios y solicitantes de préstamos mientras atiende llamadas en su teléfono celular. La comunidad de confianza que él y sus socios han logrado crear está facilitando la inclusión financiera de personas refugiadas y locales que hasta hace poco pasaban desapercibidas para el sistema crediticio. La entrega de préstamos pequeños facilita que los receptores puedan pagarlos fácilmente y así no se ponga en riesgo la entrega de futuros créditos a las personas que los soliciten.

“Con esa cajita, Henry abarca a todos: no mira sólo a ecuatorianos o sólo mira a venezolanos o a otras nacionalidades. Él mira por todos los países. Aunque sea poquito, nos ayuda con las necesidades que tenemos”, explica Judith, la indígena kichwa, con una gran sonrisa de agradecimiento.