El conflicto armado y las disputas entre los grupos armados no estatales (GANE) por el control territorial continúan generando importantes riesgos de protección para la población. Las confrontaciones en corredores estratégicos asociados con la movilidad transfronteriza, el control territorial, la minería de oro y otras economías ilícitas, entre otros factores, provocan emergencias humanitarias recurrentes, y graves impactos humanitarios como desplazamientos y confinamientos. Además, el devastador terremoto del 10 de agosto que afectó cerca de 490,000 personas en 16 departamentos del país, profundizó vulnerabilidades preexistentes en personas forzadas a huir. Antes del desastre, ACNUR tenía activa su respuesta de protección y soluciones en más de 80 comunidades, trabajando en complementariedad con el Estado a través de intervenciones que contribuyen a la protección de la población en 130 municipios.